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H&M cuestiona su permanencia en Birmania mientras investiga una veintena de causas de abusos laborales

Por Jaime Martinez

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Empresas

Trabajadora de una de las fábricas de la red de proveedores del Grupo H&M. Créditos: H&M Group.

Madrid – Crecen las presiones contras las firmas y multinacionales de la moda que siguen contando con fábricas birmanas como parte neurálgica de sus respectivas cadenas de suministros. Unas multinacionales que continúan debatiéndose entre el deber de seguir con las recomendaciones de la organización sindical global IndstruiAll, y planificar una salida “responsable” del país, o el de seguir acogiéndose a las directrices marcadas por instituciones como la misma Unión Europa, desde donde recomiendan a las empresas continuar abasteciéndose en Birmania, dejándolas con ello en una comprometida y delicada situación, como en la que ha pasado ahora a situarse la multinacional de la moda sueca el Grupo H&M.

Situándose junto a la multinacional de la moda danesa Bestseller, matriz de una cartera de marcas formada por firmas de la talla de Jack&Jones, Only o Vero Moda, y una amplia lista de otras 18 compañías europeas como parte de la iniciativa “Made in Myanmar”, un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo pasa por tratar de promover unas buenas condiciones laborales para los trabajadores del país, invitando con ello a las empresas a que sigan abasteciéndose en fábricas de Birmania, el Grupo H&M ha terminado colocándose en una situación difícil de sostener, tras la última actualización del rastreador de abusos laborales que mantienen puesto en marcha desde la organización Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC). Un registro desde el que, en su objetivo por trabajar en promover los derechos laborales en las empresas y erradicar los abusos a los trabajadores, vienen recogiendo los distintos casos de abusos laborales en Birmania de los que han venido teniendo constancia, y denunciando públicamente, a través de las informaciones que reciben de colaboradores tanto de dentro como de fuera del país asiático.

La dirigente sindical birmana Khaing Zar, actualmente en búsqueda de asilo en Alemania, frente a una tienda de H&M en Estocolmo. Créditos: IndustriAll.

En base a este registro, desde que el pasado 1 de febrero de 2021 terminó teniendo lugar el golpe militar en Birmania, y hasta finales de este pasado mes de febrero de 2023, BHRRC ha alcanzado a registrar hasta 212 casos de presuntos abusos laborales y contra los derechos humanos, perpetrados contra al menos 108.000 trabajadores vinculados a la industria de la confección de Birmania. Unos casos que comprenden desde el robo y la confiscación de salarios, hasta los despidos improcedentes, alcanzando incluso extremos como los del asesinato, los arrestos o las detenciones arbitrarias de trabajadores por parte del ejército birmano. Una suma de abusos principalmente practicados en su mayoría contra mujeres, principal colectivo de trabajadores de las al menos 124 fábricas en las que se habrían venido practicando los abusos, y fábricas que se encontrarían vinculadas a las cadenas de valor de al menos 47 marcas y compañías minoristas de referencia, a escala global, de la talla, ya no solamente del Grupo H&M y de Bestseller, sino como Primark, Marks&Spencer o Inditex, compañías estas últimas todas ellas que, a un ritmo y a otro, ya han confirmado y avanzado en sus planes de prescindir de las fábricas de Birmania como proveedoras de dentro de sus respectivas cadenas de suministros.

“Los datos ponen en valor la escala y el alcance de los abusos y de la impunidad generalizada de la que disfrutan sus responsables”, mientras plantean “serias dudas para las marcas de ropa, y sus inversores, con respecto a su capacidad para abastecerse de manera responsable” en Birmania, y “llevar a cabo la debida diligencia debida en materia de derechos humanos y de protección a los trabajadores de su cadena de suministros”, sostienen desde BHRRC. A este respecto, “el robo de los salarios, el despido improcedente y las jornadas inhumanas de trabajo y las horas horas extras obligatorias, son los tipos de abuso que con mayor frecuencia se han registrado”, pero “los casos también incluyen asesinatos, arrestos y detenciones arbitrarias de trabajadores por parte de militares”, detallan; para desde ahí igualmente advertir de que “es probable que los casos no sean más que la punta del iceberg, dadas las severas restricciones a las libertades civiles y a la información que se han impuesto bajo el régimen militar, con serios riesgos de represalias contra los trabajadores que denuncien los abusos”.

Con 8 fábricas birmanas de la red de proveedores de H&M bajo sospecha

Siguiendo con las informaciones recogidas en este registro actualizado de abusos laborales, del mismo se desprende que, para lo que respecta al caso de la multinacional de la moda sueca el Grupo H&M, la compañía, que continúa al menos por ahora sin variar, al menos públicamente, sus planes de continuar abasteciéndose en Birmania, habría venido sirviéndose en hasta 8 fábricas birmanas, sobre la que pesarían hasta un total de 16 casos de supuestos abusos laborales, que, en sus diferentes grados y singularidades, habrían terminado por afectar hasta a miles de trabajadores.

De entre los casos de supuestos abusos denunciados desde BHRRC, como principal fábrica bajo sospecha se encontraría una Kingsrich (Myanmar) Fashion —propiedad de la multinacional textil china Wuhan Kingsrich Group Corp que se destaca como proveedora de marcas como H&M, Zara, Massimo Dutti, Paul Smith o C&A— en la que se han alcanzado a registrar hasta 5 de esas 16 causas sospechosas de incurrir en abusos laborales. Causas para las que en su caso se estima que habrían alcanzado a afectar hasta a 1.500 trabajadores, a los que la dirección de la fábrica habría, primero, supuestamente recortado los salarios y la concesión de bajas por enfermedad, para desde ahí continuar y terminar por encontrarse sometidos bajo amenazas de arresto por parte del ejército, y sin garantías de mantenimiento del puesto de trabajo para el caso en que faltasen a una sola jornada. Encontrando no obstante la causa más numerosa en el entorno de una fábrica K Won & MICC Garment Factory, para la que en agosto de 2021 se denunció que 5.000 trabajadores seguían realizando su actividad sin las más mínimas garantías ni medidas de protección contra el virus del coronavirus, en lo que condujo a la infección con Covid-19 de tres trabajadores que finalmente terminaron por fallecer. Completando la lista de denuncias en las fábricas en las que H&M habría continuado sirviéndose desde el golpe militar, la mayoría de ellas formando igualmente parte, supuestamente, de las cadenas de suministros de otras compañías como Inditex, Kiabi, C&A o Marks&Spencer, las supuestas violaciones de los derechos laborales cometidas en las fábricas Myanmar Jiale Fashion Garment, Mingalar Sumbiri Garment, Saung Oo Shwe Nay, Textile Palace, Jiu Sheng y Zhejiang Tongli Clothing.

Interior de la fábrica Kingsrich (Myanmar) Fashion. Créditos: Wuhan Kingsrich Group Corp.

“Todos los casos planteados en el registro de BHRRC están siendo objeto de seguimiento y, en caso necesario, corregidos a través de nuestro equipo local sobre el terreno y en estrecha cooperación con las partes interesadas pertinentes”, han explicado desde la dirección de H&M a través de un comunicado remitido a la agencia de noticias Reuters. “Estamos profundamente preocupados por los recientes acontecimientos que han tenido lugar en Birmania, y observamos mayores desafíos para llevar a cabo nuestras operaciones de acuerdo con nuestros estándares y requisitos”, destacan desde la dirección de la moda sueca, en lo que parece mostrarse como una primera muestra de la última intención que podrían terminar por anunciar desde su dirección de abandonar definitivamente Birmania, después de que desde el Grupo Inditex, principal competidor a escala global de la multinacional, confirmasen hace escasamente unas semanas que se encontraban avanzando en dar cumplimiento a una salida “gradual y responsable” de Birmania, siguiendo con las indicaciones de IndustriAll.

“Made in Myanmar”, una iniciativa financiada por la UE y puesta en entredicho

Desde que la Junta Militar de Birmania se hiciese con el control del país tras el golpe de estado perpetrado en la madrugada del 1 de febrero de 2021, la presión contra las compañías multinacionales que hasta entonces habían venido sirviéndose de las fábricas birmanas como un elemento clave de sus respectivas cadenas de valor, ha venido creciendo, enfrentando en estas posturas a aquellas compañías que entendían como lo más responsable no ahondar y provocar una mayor crisis social y humanitaria abandonando de golpe el país, y a aquellas que entendían que el seguir sirviéndose en Birmania no dejaba de resultar una legitimación y una fuente de financiación para sostener la dictadura militar. Una delicada y compleja situación frente a la que la Unión Europa ha entrado a posicionarse con la continuación de ese programa “Made in Myanmar”, que no han dudado en salir públicamente a cuestionar y a solicitar su retirada desde la organización sindical global de IndustriAll. Todo ello, mientras multinacionales de distinto perfil se abrían a replantear su situación en el país, en lo que llevaba al anuncio realizado el pasado año por Primark y por Marks&Spencer desde el que confirmaban su decisión de romper todos sus lazos con sus proveedores birmanos, del mismo modo que lo hacían desde el grupo español Inditex a finales de este pasado mes de julio, después de adelantar la decisión tras la publicación de los resultados anuales de la compañía de su ejercicio de 2022.

“IndustriALL Global Union e industriAll Europe reiteran su llamado a la Unión Europea para que deje de respaldar el proyecto ‘Made in Myanmar’, que en la práctica financia a la junta militar, y retire las preferencias arancelarias otorgadas a este país en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas”, esgrimían públicamente desde la organización sindical a mediados de este mismo mes de julio de 2023. Y es que, defienden, “los ciudadanos y los fondos públicos de la UE no deben ser utilizados en beneficio de la junta militar, así como tampoco ser asociados con un proyecto financiado por la UE en el que los trabajadores son amenazados, despedidos o arrestados sin motivo”.

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